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Por  M.C. Paola Iveth Gárate

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Hacia una adopción obligatoria de paridad en el Servicio Profesional de Carrera

El éxito sin democracia es improbable,
la democracia sin mujeres imposible”
Madelein K. Albright

Si bien en México se ha trabajado en las últimas décadas para lograr una sociedad incluyente y democrática, aún hace falta salvar algunos obstáculos para alcanzar la paridad de género, entendida como el equilibrio en la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, especialmente en los espacios públicos.

Si hacemos un poco de historia, desde finales del siglo XIX y principios de XX se dieron en nuestro país una serie de movimientos organizados por las mujeres con la finalidad de alcanzar la igualdad política electoral.

A partir de 1916 los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán reconocieron la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser elegida para ejercer puestos púbicos de representación popular. De este modo, en 1923 Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primera mexicana electa diputada local por el V distrito de Yucatán, mientras que Rosa Torres es la primera mujer regidora y sería hasta 1938 cuando Aurora Meza Andraca fuera electa presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero.

 

 

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Sin embargo, es en 1947 cuando a la mujer mexicana se le reconoce a nivel nacional el derecho de votar y ser elegida en los procesos municipales, hasta que finalmente en 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines reforma los artículos 34 y 115, fracción I de la Constitución para otorgar la plenitud de derechos ciudadanos a las mujeres mexicanas.

Surgen nombres como Aurora Jiménez Palacios, primera diputada federal, por el estado de Baja California; María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras senadoras, por el estado de Campeche; Rosario Ibarra, primera candidata a la presidencia; entre otras.

Hasta hoy, siete mujeres han gobernado una entidad: Griselda Álvarez Ponce de León, Colima (1979-1985); Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala (1987-1992); Dulce María Sauri Riancho, Yucatán (1991-1993); Rosario Robles Berlanga, D.F. (1999, interina); Amalia García Medina, Zacatecas (2004-2010); Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán (2007-2013) y Claudia Pavlovich, Sonora (desde 2015).

Si bien, la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entró en vigor en las elecciones de 2015, establece una cuota de género en 50% tanto en propietarios como suplentes, podemos observar que al 22 de marzo de 2018, la LXIII Legislatura estaba integrada por 215 mujeres en la Cámara de Diputados (43%) y 51 en la Cámara de Senadores (39.8%).

Por otra parte, la situación de la mujer en los cargos políticos administrativos es muy ilustrativa, aunque no se puede derivar ninguna correlación con el resto de la sociedad. Podemos observar, por ejemplo, que el gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto estaba integrado por 5 mujeres: María Cristina García Cepeda (Cultura), Rosario Robles Berlanga (Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Arely Gómez González (Función Pública), Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y Laura Barrera Fortoul (DIF), quienes representan apenas el 16% de los cargos.

Así las cosas, el Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Administración Pública Federal (APF) puede ser un instrumento valioso para alcanzar la paridad de género en los procesos de selección de servidores públicos, pues busca garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza a través de principios como mérito, igualdad de oportunidad, legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia y lealtad constitucional.

Actualmente, en la Ley del SPC no existe expresamente la figura de paridad; omisión que trae como consecuencia que la autoridad administrativa tome solo como sugerencia el procurar el equilibrio entre ambos géneros.

En mi labor como diputada federal, presenté en enero pasado una iniciativa para que se contemple el término paridad de género en los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 14 fracción III y 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, lo cual establecería un precedente para cumplir con la equidad, igualdad sustancial y paridad de género en la APF.

Aún hay mucho camino por recorrer, se pueden establecer acciones para fortalecer el liderazgo femenino como creación de talleres, diplomados o cursos que formen mujeres líderes (como ya lo hace la Escuela Nacional de Mujeres Prisitas); sensibilizar a la opinión pública acerca de los derechos de las mujeres; dar financiamiento para apoyar la participación política de las mujeres; entre otros.

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